En el marco del 40º aniversario del inicio de la dictadura militar -la etapa más oscura del siglo XX en nuestro país- compartimos el texto “Argentina: una larga marcha entre los escombros”. Fue escrito por Tomás Eloy Martínez y publicado en la edición del 26 de marzo de 1976 en El Nacional de Caracas. Incluimos imágenes originales (patrimonio del Archivo TEM), el texto completo y una breve nota introductoria. Al final del documento también se incluye link para descargar el texto.

A modo de introducción

TEM vivió exiliado en Venezuela entre 1975 y 1983. Allí fue editor de El Nacional entre 1975 y 1977 (luego se convirtió en asesor de la dirección del mismo diario hasta 1978). Además, fundó y dirigió El Diario de Caracas. A la luz del tiempo, este artículo es de una lucidez pasmosa al momento de analizar los movimientos de Perón y sus consecuencias posteriores. También historiza las graves consecuencias que tuvieron los golpes militares a partir de 1930 y en ese marco advierte “algunos síntomas alarmantes que inducen a prever una inevitable acentuación derechista del proceso militar”. Además señala algo incómodo: el pedido de un sector de la sociedad (incluso, de la prensa) para que los militares se hicieran cargo del poder. La premura de los tiempos periodísticos (y el hecho de que la información era por entonces muy novedosa, sujeta luego a ajustes) determinó que TEM utilizara el 23 de marzo -y no el día posterior- como referencia epocal.

ARGENTINA: UNA LARGA MARCHA ENTRE LOS ESCOMBROS

El 11 de mayo de 1974, diez días después de que Juan Perón expulsara de la Plaza de Mayo a los jóvenes de izquierda que eran adictos, llamándolos “estúpidos” e “imberbes”, el presbítero Carlos Mugica, caudillo del  Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, fue asesinado mientras salía de una parroquia obrera, en Buenos Aires, donde había celebrado la misa vespertina de los sábados. Aquella muerte, la primera de una larga etapa de terror indiscriminado en la Argentina, aparece ahora como un símbolo de contradicciones políticas, sociales y morales que desembocaron en el golpe militar del 23 de marzo.

Mugica era miembro de una familia aristocrática que había combatido abiertamente el régimen de Perón, durante la década de 1945-55. El padre de Carlos había sido canciller de Arturo Frondizi y, como tal, suscribió todos los pactos americanos que decidieron el aislamiento de Cuba y fortalecieron la alineación argentina dentro del bloque “occidental y cristiano”. Aún antes de 1969, cuando las rebeliones obreras y estudiantiles socavaron el imperio que había tratado de fundar Juan Carlos Onganía, ya Carlos Mugica trabajaba en las villas de emergencia de Buenos Aires para crear organizaciones comunitarias que permitieran a sus habitantes miserables disponer de alimentos baratos y viviendas dignas. A mediados de 1971, Mugica y su Movimiento enunciaron por primera vez (y de manera aún tímida) que el proceso de reivindicaciones populares pasaba fatalmente por el peronismo, y que era preciso adherir a él si se quería reabrir el camino a la reconstrucción nacional. En noviembre de 1972, el presbiterio fue uno de los ciento diez dirigentes peronistas que viajaron a Madrid para compartir con Perón el vuelo de regreso a la Argentina, tras 18 años de exilio, e inclusive figuró en varias de las innumerables listas de precandidatos a diputados que elaboró el frente justicialista de Liberación, en Diciembre de aquel año.

Cuando el peronismo subió al poder, Mugica se vio obligado a coordinar el trabajo de su villa de emergencia  (próxima a la estación ferroviaria de Retiro) con el ministro de Bienestar Social, José López Rega. Era una relación condenada de antemano al conflicto y a la ruptura. En marzo de 1974, el sacerdote fue culpado por una fuente oficial de manejar incorrectamente los fondos que le proporcionaba el Ministerio. Nadie tomó en serio el reproche de López Rega, porque la vocación manifiesta del acusado era la pobreza (a la inversa del funcionario) y porque Mugica había compartido siempre su patrimonio personal con los millares de menesterosos a los que auxiliaba.

Dos meses después, cuando le dispararon una ráfaga de metralla desde un automóvil en marcha, las contradicciones que encarnaba Mugica (y, a través de él, todo el peronismo) saltaron a la luz: el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y la Juventud Peronista –a la que el presbítero estaba vinculado–  atribuyeron la responsabilidad del crimen a las bandas armadas por López Rega. El director del diario “La Opinión”, Jacobo Timerman, disintió con esa versión y sostuvo que Mugica le había confiado, en un diálogo sin testigos, que temía ser víctima de un atentado montonero, por disidencias personales con uno de los jefes de la guerrilla.

El sacerdote, que vivía tanto en la villa de Retiro como en la casa de sus padres mantuanos, fue sepultado en el Cementerio de La Recoleta. Su ataúd fue llevado en hombros, a lo largo de seis kilómetros, por millones de harapientos que rezaban y lloraban, entre un doble cordón de sacerdotes vestidos de blanco. A las puertas del cementerio, el cortejo era aguardado por los máximos representantes de la alta burguesía argentina: ganaderos, industriales, ex ministros, legisladores, y  –a la vez– toda la plana mayor de la izquierda peronista. A los desarrapados se les impidió el ingreso al Cementerio, con el pretexto de que el panteón estaba situado en un recodo muy estrecho. Y Mugica fue despedido con dos responsos: uno afuera y otro adentro. Ni siquiera ante la muerte, la alianza de clases –uno de los ejes de la doctrina peronista– había podido comunicarse.

LAS SEMILLAS DEL GOLPE

Para poder acercarse a una interpretación del proceso de desgaste que culminó en la Argentina con el golpe militar del 23 de marzo, es imprescindible tomar en cuenta dos elementos de juicio: primero, la formación heterogénea del Movimiento Peronista (en el que coexistían dirigentes sindicales corruptos, y analfabetos codiciosos como José López Rega con jóvenes universitarios y profesionales  que buscaban un matrimonio ideológico entre peronismo y marxismo), y luego, el papel protagónico que las Fuerzas Armadas vienen ejerciendo en todo el proceso político argentino desde 1930.

Las notables contradicciones ideológicas del peronismo se advierten en la correspondencia que el ex presidente mantuvo –sobre todo desde Caracas– con el más brillante de los intelectuales que lo secundaron: John William Cooke, un ex diputado que escapo en 1956 de la prisión antártica donde lo había confinado el régimen de Pedro Eugenio Aramburu.

Cooke fue elegido por Perón como su delegado personal, y permaneció en Cuba los últimos dos años de su vida, tratando de convencer al caudillo sobre las ventajas de abierta fraternidad con los movimientos socialistas, pero sin lograr jamás que éste se pronunciara. Era obvio: uno de los dogmas del peronismo es la Tercera Posición, que proclama la equidistancia “tanto del imperialismo norteamericano como del imperialismo soviético”.

Cuando la resistencia contra el régimen de los generales Onganía, Levington  y Lanusse (entre 1969 y 1972) empezó a cobrar centenares de vidas jóvenes, Perón alentó la sublevación con una frase que los militares nunca perdonaron por completo: “Si yo tuviese veinte años menos, también estaría en la Argentina con un fusil en las manos”. Simultáneamente, conocía –y comprendía– los entendimientos subterráneos de algunos de los máximos dirigentes sindicales con el gobierno de turno, toleraba las declaraciones abiertamente fascistas de su secretario José López Rega en la revista Las Bases –órgano oficial del Movimiento Peronista–, y dispensaba elogios tanto a Franco Castro y a Mao como a Fidel Castro y  Marcos Pérez Jiménez, a menudo en el curso de una misma conversación.

De los siete millones de argentinos que votaron por Perón, tanto en marzo como en septiembre de 1973, acaso la mitad lo hizo porque confiaba en que su carisma y autoridad personal arrancarían a la Argentina de la ciénaga en que estaba sumida, pero no puede decirse que estuvieran de acuerdo con todo lo que sostenía. Y de esa mitad, muchos lo hicieron porque no encontraban otra alternativa.

Nadie ignoraba, a la vez, que Perón jamás se había distinguido como gobernante en la elección de sus colaboradores, ya porque le resultase más fácil conducir el proceso entre un coro de aduladores y mediocres, ya porque era demasiado celoso de su papel conductor como para tolerar la compañía de delfines. Por eso, cuando José López Rega fue nombrado ministro de Bienestar Social por el presidente Héctor J. Cámpora (quien debió ceder a una imposición incontestable del caudillo), como cuando Raúl Lastiri fue encumbrando a la Primera Magistratura, sus adversarios dentro del peronismo supusieron que podrían neutralizarlos sin inconvenientes, desenmascarándolos como ignorantes y corruptos. No tomaron en cuenta el hecho de que alrededor de Perón se había levantando un cerco protector y aislante, que conducía el aparato del Estado cada vez más hacia la derecha. Isabel Perón protegió (y  en cierta medida, inspiró) ese cambio de rumbo. Los jóvenes peronistas radicalizados insisten, aún ahora,  que el ex presidente no se daba completa cuenta de lo que estaba ocurriendo, o no contaba con recursos suficientes para romper el cerco. A la inversa, los adversarios políticos de Perón sostienen que fue él mismo quien alentó ese juego, para no tener que pagar ningún precio político por el apoyo que le habían prestado los marxistas y los guerrilleros.

En los años de exilio, Perón, fue uno de los detractores más enconados del ejército: la suma de adjetivos ominosos que dispensó a Leonardi, Aramburu, Onganía y Lanusse compone una de las más formidables antologías de la injuria que se conozcan. Pero apenas tuvo el poder al alcance de la mano, Perón –que jamás había dejado de ser un soldado– buscó la reconciliación con sus camaradas, los colmó de consideraciones y privilegios, y reprobó abiertamente la frase con que la Juventud Peronista había despedido a Lanusse y sus colaboradores, el 25 de 1973: “Se van, se van y nunca volverán”. Esa reprobación llegó a tales extremos que, en enero de 1974, Perón designó jefe de la Policía Federal al comisario Alberto Villar, quien había conducido la represión contra los resistentes peronistas durante el gobierno de Lanusse. En un célebre diálogo televisado con una periodista, a comienzos de 1974, Perón se ofuscó cuando aquella mencionó la existencia de bandas parapoliciales que atacaban a los militantes de izquierda, y ordenó hacerle un proceso por injurias. Amedrentada, la periodista confesó que militaba en el peronismo desde hacía 13 años. “Usted vivió entonces equivocada”, le replicó el Presidente.

Sea porque necesitaba demostrarles las fuerzas de seguridad que estaba de su lado en el combate contra los brotes guerrilleros, sea por que no le quedaba otro camino, lo cierto es que Perón, se apoyó durante los diez meses de su último gobierno en la autoridad de las Fuerzas Armadas y fue despedido por ellas como un jefe entrañable. Isabel creyó que, por llamarse Perón, podría mover a los generales de sus puestos de mando como si fueran peones, y fue obligada a retroceder siempre que quiso usar al ejército para fortalecer su autoridad. Los comandantes generales declararon, una y otra vez, que serían prescindentes en el juego político, y que defenderían la continuidad institucional hasta que no estuviese en peligro la vida de la Argentina como nación. El 23 de marzo de 1976 creyeron, por sexta vez en los últimos 45 años, que el momento de intervenir había llegado.

EN EL CAMINO DE VUELTA

Desde que López Rega fue desplazado del poder, en julio de 1975, y el aparato de terror y corrupción que había contribuido a montar empezó a ser denunciado, las versiones sobre un golpe militar se tornaron tan públicas que los periódicos aludían a ellas en casi todas sus ediciones, y hasta los propios miembros del Gabinete se vieron obligados a comentarlas. La clase media, empobrecida por la inflación, y los sectores industriales y ganaderos –cuya hegemonía era amenazada por el caos social, y la extravagante conducción económica– reclamaban a voz en cuello la intervención de los militares para salvar a la patria de “esta mujer histérica”, que aún en medio del desastre seguía creyendo en la omnipotencia de su apellido. En algunos casos, la prensa se declaró golpista con un desenfado del que no había precedentes. Reclamó la salvación por las armas sin detenerse a reflexionar sobre las fórmulas de que podría valerse la Argentina para salir adelante.

Una de las pocas voces sensatas que se alzaron en ese océano de locos fue la de la revista mensual Cuestionario, de la filiación independiente. En la entrega del mes de marzo, Cuestionario recordó a los argentinos que el ejército había sido “muy poco afortunado en función de gobierno”, y que cada una de sus intervenciones golpistas había inaugurado largos períodos de tensión social. En 1930 cuando la asonada del general José Félix Uriburu contra el presidente Hipólito Yrigoyen puso en marcha lo que Leopoldo Lugones había llamado “la hora de la espada”, un hijo del poeta –que tenía su mismo nombre– restableció las cámaras de tortura, abolidas en 1813, para domesticar a los adversarios del militarismo. Los dos jefes revolucionarios de los que se habla con mayor reconocimiento –Pedro Eugenio Aramburu y Alejandro Agustín Lanusse– porque cumplieron con el compromiso de entregar el poder a quienes venciesen en las elecciones, fueron a la vez patrocinadores de una represión tan feroz que sólo podría competir con la ordenada por Isabel Perón. Aramburu es el responsable de los fusilamientos en masa que pusieron fin a la revuelta peronista de junio de 1956; Lanusse gobernó durante una etapa en la que abundaron los secuestros callejeros, las ejecuciones sumarias y las torturas salvajes. Ambos eran conscientes de que, al asumir al poder, las Fuerzas Armadas tienen mucho más para perder que para ganar, y de que sólo llevando la represión hasta sus límites extremos podrían amortiguar los estallidos de una clase proletaria que está profundamente politizada y que no renuncia con facilidad a sus conquistas sociales.

En los últimos cinco años, por lo demás, el ejército argentino ha asistido con resentimiento al triunfo de un proyecto militar que, como el del Brasil, ha conseguido el desarrolle nacional –gracias y a costa– de la dependencia de Estados Unidos.

Tanto por formación de castrense como por afinidad ideológica, los dirigentes de las Fuerzas Armadas argentinas han estado siempre cerca de Washington, pero al mismo tiempo saben que ya es tarde para convertirse en polo de desarrollo de un área donde el capataz norteamericano es Brasil, según lo subrayó Henry Kissinger en su gira reciente. En todos los estudios teóricos sobre estrategia militar, el ejército argentino toma al ejército brasileño como adversario modelo. No hay que descartar, por lo tanto, que el golpe del 23 de marzo tienda, entre otras cosas, a recuperar el terreno perdido dentro de la región, por tardía que parezca la maniobra.

120 AÑOS DE HISTORIA

Cuando se examina el plan Nueve Puntos elaborado por la Junta Militar, no se advierten demasiadas diferencias con el proyecto que, bajo el nombre de Revolución Argentina, llevó a Juan Carlos Onganía a la primera magistratura, hace una década exacta. Ambos se parecen en la fervorosa reivindicación de la fe católica, en el llamado a la normalidad, en la alineación dentro del bloque occidental y cristiano, en el estimulo que se ofrece a las inversiones extranjeras, en la disolución de los partidos políticos, en el fortalecimiento de la iniciativa privada y en las apelaciones frecuentes al “ser argentino” . Sólo difieren en un punto significativo: en los Estatutos de la Revolución de 1966 no era preciso subrayar el carácter represivo del golpe.

Es allí, en las primeras decisiones represivas, donde ser advierten algunos síntomas alarmantes, que inducen a prever una inevitable acentuación derechista del proceso militar: al anunciar que se erradicará no sólo la subversión sino también “las causas que favorecen su existencia”, la Junta está anticipando que no habrá de tolerar la expresión pública de opiniones que le sean adversas.  Y al mismo tiempo, a través de la censura previa y la prohibición de difundir noticias vinculadas con la actividad terrorista, está cerrando el paso a toda libertad informativa. A partir de ahora, ya no podrá saberse cuántas personas mueren cada día en la Argentina por obra de la violencia, ni qué sectores obreros se lanzan a la huelga, ni cuáles son las reacciones  de las mayorías populares ante las medidas de la Junta.  Pero a la vez, ¿con qué autoridad podrá la prensa alzarse contra la imposición de estas mordazas, cuando buena parte de ella venía reclamando  desde hacía meses  el acceso al poder de un régimen de fuerza?

Hace alrededor de 120 años, Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento elaboraron, entre otros argentinos conspicuos, un proyecto nacional basado sobre el fomento de la inmigración, la defensa de los intereses agropecuarios, el exterminio de la “barbarie popular” y el fortalecimiento de los vínculos económicos con Inglaterra. Con las forzosas variantes impuestas por la civilización industrial, ese proyecto atravesó indemne todos los avatares de la historia: los gobiernos populistas crearon en las clases obreras una conciencia más sólida de sus derechos, pero no modificaron las estructuras económicas básicas.

Como la Revolución Argentina de 1966, la Junta Militar que acababa de tomar el poder propone apuntalar ese proyecto que data ya de hace 120 años, y en el que la dependencia de Inglaterra ha sido sustituida por la adhesión al bloque occidental y cristiano. Como en todas las ocasiones anteriores cabe vaticinar –sin demasiado temor a equivocarse – que las bases sindicales y la clase trabajadora en general no aceptarán una recuperación del país basada exclusivamente sobre su sacrificio, y que a las reacciones sociales corresponderá un progresivo endurecimiento represor.

Lo trágico de la situación argentina es que ninguna de sus soluciones puede ser vista con alivio: ni la continuidad de un régimen que amparaba a funcionarios y dirigentes mafiosos, que malversaba los dineros públicos y convertía al país en una ruina sangrienta, ni la irrupción  de un poder militar que agrava el cerco tendido sobre los únicos países que aún se gobiernan democráticamente en América del Sur: Venezuela, Colombia y Guyana.

Perón solía decir que el camino de las armas siempre es el más fácil, y que la disyuntiva a la falta de unidad nacional es la guerra civil.  Los pasos preliminares  al golpe militar de la Argentina fueron tan públicos que inducen a descartar cualquier idea de división dentro de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, cualquier peligro de combates internos. Pero durante el gobierno de Isabel Perón quedó comprobado que hay procesos de deterioro tan graves como la guerra civil, (tras los cuales quedan escombros), igualmente ilevantables.

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