Presentamos “Fertilidad asistida: un vacío legal que afecta los derechos humanos” que Jazmín Bronstein escribió en el marco de la Especialización en Periodismo Narrativo 2016. El texto se publicó en el suplemento “El Observador” de Perfil.
El texto -publicado el 4 de marzo de 2017- se puede leer aquí
Y también, aquí abajo.
Marcela –que prefiere reservar su verdadero nombre– no puede alzar un chico ni hacerle muecas a un bebé en el colectivo sin ponerse a llorar. Cuando tenía 30 años perdió a todas sus amigas. Cada vez que se enteraba de que una iba a ser madre, dejaba de verla. No podía soportarlo. Los cochecitos la descomponen.
Tiene 42 años y desde los 27 busca cumplir el deseo de ser madre. Aunque su historia no se parece a la de las mujeres argentinas que padecen infertilidad o enfermedades genéticas. A ella la condena el peso de lo que, todavía, nadie se atrevió a regular.
—Mis hijos hoy tendrían 15 o 16 años, sería madre de adolescentes –cuenta decepcionada desde Barcelona, donde vive desde hace unos años cerca de sus padres y su hermana.
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Cuando se casó, en 2001, Marcela ya sabía que su pareja tenía azoospermia y que la escasez de sus espermatozoides les traería problemas. Después de una serie de estudios el diagnóstico había quedado claro: sólo podrían tener un hijo con ayuda de la ciencia.
Con 27 años, apostó entonces a la fertilización asistida para cambiar esa realidad. La familia de su marido les había recomendado probar en IFER, el Instituto de Ginecología y Fertilidad ubicado a metros de Santa Fe y Azcuénaga. Según ellos, “la mejor clínica in vitro de Buenos Aires”.
Terminaron entonces en ese centro médico de Recoleta, en manos del doctor Guillermo Marconi, quien le remarcaba la fertilidad de sus óvulos y le propuso inseminarla con semen de un donante.
Un año de pinchazos, así lo recuerda Marcela. Inseminaciones que duraron 12 meses, en los que sólo por momentos pudo dejar de llorar. ¿Por qué una mujer que respondía bien a los tratamientos de estimulación ovárica no quedaba embarazada? El silencio de los médicos la inquietaba.
Ella creía que debía soportarlo todo. Sentía que si quería tener un hijo, en ese deseo iba implícita la necesidad de someterse a cualquier cosa que diera resultado, por más dolorosa que fuera.
Durante esos 12 meses recibió tantas inyecciones de hormonas que terminó con la panza negra, llena de moretones, y la cola como un colador. No podía ni sentarse.
“¿Por qué yo no?”, era su pregunta recurrente. Se le aparecía cuando esperaba horas una ecografía en la salita, con dolores en el cuerpo, o cuando estaba sola en su casa. Así fue como llegó incluso a ver al padre Ignacio, el patrono de las embarazadas.
—Me dijo que tenía que tomar leche de cabra y ponerme un menjunje en la panza. Por supuesto que lo hice. Y me la pasaba rezándole, a la espera del milagro de convertirme en madre. Pero nunca pasó.
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¿Cuántos embriones congelados hay en Argentina a la espera de alguna definición?, ¿20 mil?, ¿30 mil? Algunos profesionales –que prefieren no identificarse– hasta estiman que existen más de 50 mil vitrificados.
No hay cifras oficiales. Tampoco un observatorio estatal, y mucho menos un registro pormenorizado con los embriones que ya se congelaron en el país.
Para superar esta falta de información, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer) armó el Registro Argentino de Fertilización Asistida (RAFA), con los datos aportados por las clínicas que decidieron sumarse a la iniciativa. Los números surgen de las estimaciones que hacen las instituciones de fertilización asistida. Aunque cada una lleva su conteo propio y ni siquiera están obligadas a hacerlo.
También son ellas las que exigen entre 300 y 450 dólares anuales por mantener embriones congelados en nitrógeno líquido a -196°. Funciona como una especie de cochera o garaje de embriones, pero con clientes que no llegan a afrontar los gastos. Hay pacientes que se desentienden, otros que desaparecen, algunos que no quieren tener más hijos. ¿Y entonces quién paga?
Por el momento, los costos corren por cuenta de las clínicas que hacen los tratamientos. Siempre bajo el mismo paradigma: ninguna puede descartar embriones. Al no estar legislado, los riesgos de manipularlos son enormes. El vacío legal impide tomar decisiones.
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Un día llegó la noticia: con los óvulos que le habían aspirado a Marcela en una intervención, el equipo médico logró siete embriones. Estaban a un paso de convertirse en padres. Ahora había que transferirlos y esperar a que alguno prendiera en el útero.
Pero un nuevo problema conyugal opacó todo:
—Marce, no quiero seguir intentando –dijo el marido.
—¿Cómo?, ¡¿por qué?!
—Venís muy desanimada. O te ponés mejor o lo nuestro se termina…
Al año siguiente empezaron los papeles del divorcio. Marcela rogó, suplicó. Intentó convencerlo de seguir juntos pero no hubo forma. Hoy dice que su ex no formaba parte de eso: él sólo había puesto su deseo, que se desvaneció al igual que su matrimonio.
La negociación incluyó la firma de un documento donde él le cedía la responsabilidad absoluta sobre los embriones. Sólo así Marcela podría decidir qué hacer con ellos.
Aunque no sirvió de nada. Y Marcela empezó una guerra silenciosa, con visitas al IFER todas las semanas para hablar con Marconi y rogar que la dejaran embarazarse con sus embriones. Hasta que la clínica recibió una carta documento de su ex marido: advertía que si el tratamiento de Marcela avanzaba sin su consentimiento, “iría por todo”.
De inmediato el doctor dejó de lado la idea de transferir los embriones y le pidió a Marcela que consiguiera un acuerdo con su ex, firmado ante escribano público, por el cual él le otorgara la potestad de los siete embriones. Sólo así podrían continuar.
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En Argentina hay muchas mujeres en la misma situación que Marcela, y cada vez son más las parejas en disputa por los embriones sobrantes de los procesos de fertilización asistida.
Son conflictos habituales, que el doctor y ginecólogo Fernando Neuspiller, director del centro de reproducción asistida IVI Argentina, ya explica de memoria:
—Laura y Mariano son una pareja que intenta tener hijos por fertilización asistida. Finalmente, Laura no queda embarazada y en el ínterin se separan. Durante el tratamiento se habían formado cuatro embriones. Laura se transfirió dos y no se embarazó, por lo que quedaron otros dos congelados. Entonces la clínica le reclama a Laura por el mantenimiento de esos embriones y ella dice: “No los quiero, en todo caso hablen con Mariano”. Uno llama a Mariano y él dice: “A mí esos embriones no me interesan, hablen con Laura”.
Neuspiller busca más ejemplos y redobla la apuesta:
—Imaginemos que Laura ahora quiere usar esos embriones congelados que quedaron. Como el tema no está regulado en nuestro país, tiene que ir a ver un juez. Ese juez finalmente autoriza que se los transfiera. Queda embarazada. Pero Laura ahora está casada con Sebastián, entonces nace el hijo de Laura y Sebastián, pero con los embriones de Laura y Mariano. ¿Quién es el responsable legal de los embriones? ¿Sebastián o Mariano? Según la ley argentina es Mariano, porque en el momento de hacerse esos embriones fue él quien quería tener hijos con Laura. A esto nuestro Código Civil lo llama “voluntad procreacional”.
Pero si la pareja se separa, ¿la voluntad procreacional no debería quedar también disuelta?
—Voy a decir una barbaridad, pero para ilustrar el abanico enorme de posibilidades que abre la falta de regulación –lanza Neuspiller–. Si mañana quiero probar si los embriones humanos se pegan en úteros de perro lo puedo hacer, porque no hay una ley que regule el tema. Depende de mi responsabilidad y mi criterio personal como médico.
Fernando es claro. No es menor el vacío legal, es peligroso. Depende de la ética profesional que tenga cada uno de los médicos que llevan adelante los tratamientos.
El 5 de junio de 2013, después de una larga lucha de ONGs y pacientes, fue sancionada la Ley 26.862, que rige los procedimientos de fertilización asistida. En ese momento ya se hacían en el país cerca de 12 mil tratamientos por año, según estimaciones de Samer.
Pero ya van cuatro años de su aprobación y esta legislación sigue generando rispideces: aunque incluye la cobertura médica, deja numerosos aspectos sin legislar, como el destino de los embriones. Esta omisión –intencional, denuncian los pacientes– lleva a que todos los casos se judicialicen. Ya hubo fallos que permitieron el descarte de embriones y otros que obligaron a la mujer a implantárselos, incluso ante la disconformidad del ex marido.
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—Doctor, ya lo tengo. Lo logré. Convencí a mi ex y firmamos un documento que legalizó un escribano.
—Perdón, Marcela, pero necesitaríamos que este documento lo avale un juez.
Año 2005, y ahora tenía que buscar un abogado dispuesto a redactar una presentación para que algún juzgado evaluara si ella podía tener la potestad total sobre los siete embriones. Siete embriones que, a todo esto, IFER decía tener congelados, pero sin haberle presentado ningún documento o examen de laboratorio que lo acreditara.
Finalmente el abogado apareció, pero ningún juzgado quiso hacerse cargo del tema. Se declaraban incompetentes y el caso giraba de una secretaría a otra. Tampoco la jurisprudencia de ese entonces parecía alentadora: en Inglaterra, a una mujer en la misma situación no la dejaron transferirse los embriones.
Según la abogada y procuradora Noemí G. de Rempel (directora del Posgrado de Actualización en Bioética de la Facultad de Derecho de la UBA y autora del libro La protección jurídica del embrión), como Argentina carece de norma regulatoria, todas estas cuestiones todavía deben resolverse en la Justicia.
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—Yo sólo sé “de palabra” que tengo siete embriones. No tengo ningún documento que acredite el procedimiento ni el resultado –dice Marcela.
Nunca firmó un papel por el congelamiento de embriones. La única vez que puso una firma en IFER fue en el consentimiento que firmó junto a su ex para empezar el tratamiento de la fertilización in vitro con semen de donante; en 2001, cuando estaban casados.
En ese entonces, pagaron más de 10 mil dólares por el tratamiento y estaban dispuestos a poner lo que se les exigiera.
Por ese mismo consentimiento es que ella hoy no puede usar esos embriones. Para la ley argentina, su ex es el padre de esas potenciales personas porque es la “voluntad procreacional” de los pacientes lo que les otorga la potestad sobre ellos. No importa si hubo separación, muerte o divorcio mediante.
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Desde 1985 que la reproducción asistida se practica en Argentina y siguen sin regularse en forma integral los derechos de los pacientes que optan por estas técnicas.
Hasta diciembre de 2015, el Ministerio de Salud no tenía ni un programa específico para las cuestiones de fertilización asistida, sino que la incluían dentro del Programa Nacional de Salud Sexual.
Durante 2016 crearon el Programa de Reproducción Médicamente Asistida, con el ginecólogo y especialista en medicina reproductiva Nicolás Neuspiller como coordinador general (con rango de subsecretario de Salud Pública). Nicolás –tío del también doctor Fernando Neuspiller– lleva años trabajando en salud reproductiva y fue parte del equipo médico que practicó en 1985 la primera gestación por fertilización in vitro en Argentina. Según dice, el Poder Ejecutivo no puede hacer nada por este vacío legal:
—Tiene que salir una ley que exprese lo que quiere el pueblo en relación con los embriones criopreservados. Hasta que no salga, nosotros desde el Ministerio de Salud no podemos hacer nada. Es competencia del Congreso Nacional.
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Marcela no es una excepción, es la regla. Cada vez hay más personas que deben judicializar sus casos para obtener una respuesta. La única salida es sancionar desde el Congreso una ley que reglamente qué hacer con los embriones sobrantes. Ese proyecto ya estaba escrito y Diputados le había dado media sanción, pero cayó en noviembre de 2016 porque el Senado nunca quiso tratarlo.
La iniciativa seguía el espíritu de un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –el fallo Artavia Murillo– que considera que el embrión no es persona, porque si no se implanta sus posibilidades de desarrollo son nulas.
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¿Qué pasa hoy? El número de embriones congelados sigue en aumento. Por ahora, la decisión final es de los pacientes, y si se desentienden o desaparecen, las clínicas deben seguir guardándolos.
Pero Marcela no se desentendió. Sigue llamando y mandando mails al IFER. Y le contestan que se quede tranquila que ahí están sus siete embriones, que por ser una paciente “especial” tiene un 50% de descuento para pagar el mantenimiento –que, dicho sea de paso, nunca le reclamaron en todo este tiempo–. Le pasan por mail el presupuesto acumulado. También le responden su pedido: le cuentan que sí, que si quiere puede llevárselos a otra clínica y que, por supuesto, eso se paga aparte.
A sus 42, después de intentar quedar embarazada de todas las maneras posibles, Marcela intuye que sólo puede ser madre con los óvulos de sus 27. Ya no es fértil –se lo confirmaron a sus 36–, no tiene pareja y necesita cerrar su historia. ¿Podrá ayudarla en algún momento la ley argentina?